Derecho a decidir cosas como éstas

Hace cuatro años la asociación Gure Esku Dago organizó una cadena humana que conectaba Durango con Pamplona. La cadena y la asociación tenían como objetivo el “derecho a decidir”.

Un derecho que no era algo concreto, y que la propia asociación no llegaba a detallar en su propia web.
Escribí sobre esa ambigüedad buscada en el blog.

Hoy la misma asociación vuelve a movilizar a quienes tienen vocación de cadena.
Esta vez conectarán las tres capitales del País Vasco, y el acto está patrocinado por la izquierda abertzale y por el PNV.

Hoy también sabemos más sobre ese ambiguo derecho a decidir.

El portavoz de Gure Esku Dago, Angel Oiarbide, lo explicaba hace dos días en una entrevista en el diario Naiz.

Oiarbide cree que «existe un hilo conductor común» de todas estas reivindicaciones y que «es la decisión», «quién toma la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre las pensiones, sobre una pelea de un bar en Altsasu, ¿en qué nos favorece que esas decisiones se tomen a 500 km?».

El derecho a decidir tiene que ver, por ejemplo, con quién toma la decisión sobre una “pelea de bar en Altsasu”.

Hoy en Deia el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, se refería también a las decisiones sobre una pelea de bar.

EL pasado 1 de junio la Sección Primera de la Audiencia Nacional dictó la sentencia en el marco del proceso judicial relativo al conocido como caso Altsasu a raíz de los tristes y desgraciados hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016.

Así comienza la tribuna del alcalde de Alsasua.

Después de los esperados párrafos de miseria moral, Ollo escribe esto:

Hasta ahora los vecinos y vecinas de Alsasua se han manifestado de forma cívica y unitaria y así debe seguir siendo. Una unidad que debe imperar sobre las legítimas diferencias que puedan existir a la hora de calificar los hechos ocurridos el 15 de octubre en nuestra localidad.

Los hechos consistieron en una paliza. Varios vecinos de Alsasua propinaron golpes a cuatro personas. Dos guardias civiles y sus parejas. A uno de los guardias civiles le rompieron un tobillo. El dueño del bar en el que comenzó la agresión comentó en el juicio que ese tobillo roto podría haberse producido por un resbalón, y que él no vio nada. Mientras se producían las agresiones, los vecinos de Alsasua que fueron testigos no hicieron nada.
Hace unos días los padres de una de las víctimas decidieron poner en venta su casa, debido a que el acoso que venían sufriendo desde la denuncia había aumentado a partir de la sentencia condenatoria.

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, del PNV (Geroa Bai), ha mostrado su apoyo sin fisuras a los condenados desde que comenzó el proceso. Y explica hoy en Deia que es legítimo calificar los hechos ocurridos de distintas maneras. Él decide calificarlos como un accidente, como algo que ocurrió fuera de la cadena de causalidades a la que todo está sometido.

Y de la misma manera que la izquierda abertzale y el PNV defienden las legítimas diferencias a la hora de calificar hechos como los ocurridos en Alsasua el 15 de octubre de 2016, hechos que, como ha quedado demostrado, consistieron en una paliza motivada por el odio a la Guardia Civil, también defienden las legítimas diferencias a la hora de calificar esa enorme y sostenida pelea de bar que fue la actividad de ETA durante décadas. O expresado en el lenguaje de la miseria moral, el conflicto vasco.

Jonan Fernández, Relator Máximo del Gobierno vasco, decía en una entrevista hace algunos años que no era posible un “acuerdo completo para interpretar el pasado”.
Seguía, en referencia a Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco: Gogora debe gestionar “la memoria de acontecimientos traumáticos diferentes, con lecturas divergentes“.

¿En qué consiste el derecho a decidir, entonces?

Consiste en el derecho a calificar una paliza a cuatro personas por motivo de odio como pelea de bar.
Y también consiste en defender que José Antonio Galarraga, miembro de ETA que en 1980 asesinó al empresario Ceferino Peña en presencia de su hija de tres años, pueda ser calificado hoy como preso político.


Entre otras muchas cosas, claro. Pero consiste también en eso.

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