El Gobierno, la tortura y la prensa

Afirma hoy El Mundo en un titular que El Gobierno da al PNV la comisión sobre abusos policiales en el País Vasco. Esa comisión nace de la ley de abusos policiales que el Parlamento vasco aprobó en julio de 2016. El objetivo de la comisión es analizar las peticiones de aquellas personas que denuncien haber sido víctimas de abusos policiales en el País Vasco entre 1978 y 1999. Los expertos de la comisión valorarán las denuncias y podrán otorgar la condición de víctima a cualquier denunciante cuyo relato sea considerado veraz, y por lo tanto podrá después acceder a las reparaciones oportunas.
Para que esta comisión otorgue a alguien la condición de víctima de abusos policiales no serán necesarios ni informes policiales ni sentencias condenatorias.

Después de leer la noticia me he acordado del tratamiento que recibió el informe del Gobierno vasco publicado en diciembre de 2017 sobre tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014.
Dejo aquí cuatro ejemplos: EITB, Deia, la SER y El Español.

 

Esos cuatro medios afirmaban que el Gobierno vasco constataba/censaba/documentaba/acreditaba más de 4.000 casos de tortura en el País Vasco entre 1960 y 2014.
Lo afirmaban en el titular. En las profundidades de la noticia tenían que constatar/censar/documentar/acreditar, ahora sí, sus mentiras. Porque en las profundidades de la noticia esos más de 4.000 casos de tortura pasaban a ser 4.000 denuncias de tortura. Con todo lo que ello implica.

 

Implica, para empezar, que buena parte de la prensa mintió sobre el informe. Y mintió de la peor manera posible: a plena luz del día, con testigos, porque sabían que no importaba.
Habría 4.113 casos de tortura constatados en el País Vasco porque ellos, con su empeño o su incompetencia, habían decidido que fuera así.

Habría 4.113 casos de tortura a pesar de que las noticias que lo afirmaban lo negasen, y a pesar de que el propio informe no hablaba de 4.113 casos constatados de torturas y malos tratos, sino de 4.113 casos denunciados de torturas y malos tratos.

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En el informe queda claro que hay 20 sentencias condenatorias por torturas durante esos años.

 

El salto de esos 20 casos constatados a los 4.113 se da mediante un análisis de la fiabilidad de las denuncias.

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Se tomaron 202 denuncias y se analizó la credibilidad de los relatos de los denunciantes.

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193 personas hicieron un relato sustancialmente veraz de su experiencia de tortura, según los expertos.
Pero hoy no hablamos de 193 personas, ni de relatos veraces. Hablamos y hablaremos de 4.113 casos constatados/censados/documentados/acreditados de torturas.

Gracias a los prestigiosos expertos y al Gobierno vasco, que son los que aportan los datos, pero gracias sobre todo a los periódicos que presentan esos datos como el Gobierno vasco quiere que se presenten.

El PSE, socio del PNV en el Gobierno vasco, emitió un pequeño suspiro, no llegó a aspaviento, cuando se publicó el informe. Para el PSE, el informe “adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas”.
Ahí quedó su exposición. Y ahí siguió y sigue el PSE, con el PNV en el Gobierno vasco. Antes ya había sumado sus votos al partido de Arana para aprobar la ley sobre abusos policiales, que contará también con la expertise de Etxebarria y Jonan Fernández.

La aparición del PSOE para retirar otro recurso que molestaba a los nacionalistas es el final esperado. El anterior Gobierno recurrió la ley del Parlamento vasco ante el Tribunal Constitucional, donde permanecía encallada. Pero el Gobierno de los 84+ parece dispuesto a dejar que el Gobierno vasco ponga en marcha su proyecto de desjudicialización de la justicia.

Y no hace falta hablar de precios a sus socios. No hace falta preguntarse por qué el Gobierno de Sánchez hace lo que hace. Basta con registrar qué es lo que ha hecho hasta ahora, y qué es lo que seguirá haciendo.
Es suficiente, o debería serlo.

 

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