Precisiones sobre ETA, el ambiente político en el País Vasco, el acercamiento, el «conflicto» y los «presos».

 

1. ETA ya no existe. 

No existe como organización terrorista, no dirige una organización política, no controla los movimientos políticos y sociales de la gente que justifica lo que fue y lo que hizo ETA.
Existen homenajes a etarras presos o fallecidos, hay dirigentes políticos que fueron condenados por pertenecer a ETA, hay presos de ETA en las cárceles a quienes mucha gente en el País Vasco trata como héroes, y sobre todo hay un partido político, EH Bildu, que sigue fomentando y organizando un culto civil a ETA y a sus miembros, condenados por crímenes muy graves contra la convivencia en general y contra personas concretas.

2. Los efectos de la labor terrorista de ETA aún existen.

Aún hay un miedo localizado a posicionarse políticamente en el País Vasco, aún hay coacciones sistemáticas contra aquellos a los que la izquierda abertzale considera invasores o no integrados cuando intentan hacer política en el País Vasco, y desde luego hay factores más profundos y complicados de mostrar que han configurado un ambiente social y político en el País Vasco muy beneficioso para los nacionalistas, especialmente para los nacionalistas de izquierdas, y muy perjudicial para los no nacionalistas, especialmente para los no nacionalistas de derechas. ETA no existe, pero sus efectos en la sociedad vasca son reales.

3. Puede haber violencia política en el País Vasco a pesar de que ETA ya no exista.

La hay. Desde insultos hasta acoso en actos públicos, pasando por lanzamiento de objetos a simpatizantes de determinados partidos políticos no reconocidos por la izquierda abertzale. La violencia política organizada en el País Vasco la sigue ejerciendo mayoritariamente, se podría decir que en exclusiva, la izquierda abertzale. Pero la izquierda abertzale, a pesar de que justifique lo que hizo ETA, no lo rechace, idolatre a los presos de la banda terrorista o pida la amnistía para ellos, no es ETA. Porque ETA ya no existe.

4. Hay que decir de lo que es, que es. Y de lo que no es, que no es.

Si ETA ya no existe, entonces atribuir a ETA, en presente, todos los males políticos que aún existen hoy en el País Vasco supone desviar la atención de esos males políticos, y permite que esas denuncias sean vistas como exageraciones, manipulaciones, invenciones, mentiras o engaños. Porque de hecho, esas denuncias concretas, si parten de la idea de que ETA aún existe, son exageraciones, manipulaciones, invenciones, mentiras o engaños. Y no hay que preguntarse si detrás de esas denuncias hay buenas o malas intenciones. Da lo mismo. El efecto del engaño en la descripción de la realidad es nefasto, y además la realidad no se ajusta al engaño. Si hay fenómenos graves que merecen ser denunciados, lo correcto es denunciarlos en sus términos justos y precisos. Sin eliminar pero también sin añadir nada. Por una cuestión de principios y, de manera secundaria, si es que es necesario, por una cuestión de utilidad. Ninguna denuncia que se apoye en mentiras o exageraciones, aunque sean bienintencionadas, va a tener éxito. Al menos las denuncias que no cuentan con un gran aparato mediático y político detrás.

5. El alejamiento no tiene justificación ni sentido si ETA ya no existe.

No tiene justificación porque su objetivo, igual que el de la dispersión, era dificultar la cohesión interna del colectivo de presos de ETA. Hoy existen presos de ETA, pero no existe ETA. Que ETA no exista no significa que los crímenes que han cometido individuos concretos que formaban parte de ETA hayan desaparecido. Por lo tanto, a los presos de ETA habría que tratarlos como a cualquier persona que haya participado en las actividades de una banda terrorista desaparecida. Asesinatos, secuestros, información para el asesinato. Cada uno de los presos de ETA tiene un historial concreto, además de un hecho compartido: todos y cada uno de ellos decidieron participar en una banda que cometió crímenes por motivaciones políticas. Reconocer que el alejamiento ya no tiene sentido no supone un premio, un beneficio o un privilegio para los presos de ETA. Al contrario, supone reconocer que el tratamiento a los presos de ETA no es excepcional ni vengativo; todos ellos merecen el tratamiento que debe recibir alguien que ha decidido participar en los atentados de una banda terrorista. Ni más ni menos.

6. La mayor parte de quienes hoy defienden el acercamiento no defiende solamente eso.

Sare, la principal organización en defensa del acercamiento y del fin de las “políticas penitenciarias de excepción” -la “solución definitiva a la cuestión de los presos”-, ha dejado claro en más de una ocasión que su objetivo es “vaciar las cárceles”. También lo han hecho en más de una ocasión los dirigentes de EH Bildu. Por lo tanto, quien pide junto a Sare y EH Bildu el fin del alejamiento y la dispersión para los presos de ETA no está pidiendo solamente eso. Está pidiendo que se trate a los presos de ETA de manera excepcional, que se les otorgue -ahora sí- un privilegio. El acercamiento es sólo el paso previo al objetivo final, la excarcelación temprana de todos los “presos vascos relacionados con el conflicto”. Después de varios años y de varias explicaciones de Sare y de EH Bildu es difícil pensar que en el País Vasco haya alguien que no sepa cuál es el objetivo de Sare y de EH Bildu respecto a los presos de ETA.

freeta

 

7. No hubo conflicto, ni hubo dos bandos.

Hubo, durante varias décadas y en un país democrático, una banda terrorista que cometió asesinatos, secuestros y otros crímenes con el objetivo de amedrentar a una parte de la población para que se inhibiera de participar en política. En ese sentido, la banda terrorista tuvo éxito. Y contó con el apoyo de una parte importante de la población vasca y con un movimiento político que adoptó siglas distintas a lo largo de los años. Finalmente, la banda fue reducida a un estado casi absoluto de inoperatividad por el trabajo policial, y se disolvió hace algunos años. Frente a ellos estuvo el Estado, porque era su trabajo, y una parte de la sociedad civil, porque entendía que era su deber. Muchas de esas personas, del Estado y de la sociedad civil, fueron enterradas porque ETA siempre consideró el asesinato una herramienta política legítima. Hubo violencia del Estado contra los miembros de ETA, sí. La mayor parte de esa violencia fue legítima y necesaria. Redadas, arrestos, incautaciones, controles, vigilancia, respuestas a tiroteos, privación de libertad. Es el trato que cualquier Estado debe dispensar a quienes cometen o están dispuestos a cometer crímenes de extrema gravedad.

Una parte menor de esa violencia del Estado fue ilegítima. Torturas, secuestros y asesinatos de personas correcta o incorrectamente identificadas como miembros de ETA. Da igual que esas identificaciones se ajustaran o no a la realidad; en ningún caso está justificado el uso de la violencia ilegítima por parte del Estado.
Esa violencia ilegítima, que supuso sólo una parte de la violencia contra ETA, se produjo desde un grupo terrorista, los GAL, creado y financiado bajo un Gobierno del PSOE. Sus principales responsables, o al menos los responsables que fueron condenados, cumplieron condenas breves. 


Cuando el Estado y la sociedad civil combaten legítimamente a una banda terrorista no hay conflicto, sino aplicación de las leyes y de la virtud cívica. En un país democrático el conflicto político se desarrolla principalmente en los parlamentos, y sus agentes principales no son asesinos ni mercenarios, sino activistas o líderes sociales y políticos.
Lo que hubo en el País Vasco durante muchas décadas fue un empeño sostenido e intenso de una banda terrorista por eliminar a una gran parte de la población de la vida pública, mediante la eliminación directa de una parte significativa y destacada de la población. Y este empeño sangriento tuvo el apoyo de una parte también significativa y destacada de la población vasca. Muchos de quienes apoyaron ese empeño son los que hoy saldrán a pedir “derechos humanos” y el fin de las políticas penitenciarias de excepción para los que cometieron asesinatos políticos, y gritarán durante las manifestaciones que todos esos asesinos salgan de la cárcel, como si además de ETA también hubieran dejado de existir sus crímenes.

La UGT, el terrorismo y la memoria

Pepe Álvarez es el secretario general de la UGT. UGT es una confederación sindical constituida en 1888, progresista, comprometida, reivindicativa, democrática e independiente, dicen en su biografía de Twitter. Y en Twitter recogían el viernes unas palabras de su secretario general: “También le quiero decir al señor Abascal que debería recordar lo que pasó en el País Vasco, el ahora es de los que está marcando, el apunta y sus cachorros disparan, hoy contra la estatua de #LargoCaballero y mañana veremos contra qué

Viene a decir, apoyándose en la memoria -omitida, blanda, líquida- de lo que pasó en el País Vasco, que vandalizar una estatua de Largo Caballero, un tipo que lleva muerto casi tres cuartos de siglo, es equiparable a lo que pasó en el País Vasco. Lo que pasó en el País Vasco viene a ser, fuera del lenguaje propio de la UGT de Pepe Álvarez, terrorismo. Había gente que marcaba, gente que apuntaba y gente que disparaba. A personas, no a estatuas. De eso Largo Caballero podría dar una lección, un master, un seminario. Incluso un curso de formación. Entrar en esos detalles sería interesante, pero a mí me interesa más recordar algo mucho más reciente.

Desde hace varios años Sare organiza en enero una manifestación “por los presos”. Una manifestación en la que todos los años se cantan cosas como “Presos a la calle, amnistía completa”. Y una organización que declara abiertamente que su objetivo respecto a los “presos políticos” es la amnistía, vaciar las cárceles, y que hasta que no estén vacías “estaremos ante una resolución del conflicto inconclusa”.
El “conflicto” es la manera que Joseba Azkarraga elige para referirse a ese “lo que pasó en el País Vasco” de Pepe Álvarez. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT, decíamos, mientras que Joseba Azkarraga nació en Salvatierra y fue diputado en el Congreso por el PNV y EA; senador también por PNV. Miembro de la Ejecutiva Nacional de EA; y Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social en la etapa de Juan José Ibarretxe como presidente del Gobierno vasco. Y desde hace varios años, portavoz y principal promotor de Sare.

Bien, pues al menos desde 2019 la UGT de Pepe Álvarez, que decía el viernes que había que recordar lo que pasó en el País Vasco, participa en la manifestación anual de Sare. Esa manifestación en la que se pide la amnistía para todos los presos de ETA, para todos los que se dedicaron a marcar, apuntar y disparar no contra estatuas ni contra personas muertas desde hace casi un siglo, sino contra personas que aún estaban vivas.
Pepe Álvarez es el representante perfecto de la memoria histórica sectaria que en España se pretende convertir en dogma. Una memoria histórica que consiste en borrar todo lo que incomoda a sus promotores y en atribuir a quienes no forman parte de su bloque los crímenes de sus padres, de sus abuelos o más habitualmente de gente con la que no tienen ninguna relación. Es el representante perfecto porque no se queda ahí y va un paso más allá. Pepe Álvarez es como el activista de izquierdas que recurre constantemente al “Israel está haciendo con los palestinos lo mismo que los nazis hicieron con los judíos”; y luego además va a una manifestación por la excarcelación de los dirigentes nazis. Un arquetipo difícilmente imaginable, pero que existe. Porque es eso lo que hace, salvando las distancias, cuando le dice a alguien que ha vivido desde joven amenazado por ETA que recuerde “lo que pasó en el País Vasco”, y cuando le acusa de marcar, apuntar y mandar a disparar a sus cachorros mientras la delegación en el País Vasco de su confederación sindical progresista, comprometida y democrática acude desde hace al menos dos años a una manifestación en la que se pide la amnistía de gente como la que asesinó a tres guardias civiles en Salvatierra.

Eso es lo que hace Pepe Álvarez, y puede hacerlo porque en España hoy va quedando cada vez menos memoria sin adulterar y menos registro sin autocorrector.

ACTUALIZACIÓN

Menos de medio año después, la UGT ha ido aún más allá. Ya no es que participe con normalidad en las marchas por los presos de ETA, sino que ha invitado a Otegi al XIII congreso que la sección vasca del sindicato ha celebrado en Vitoria. Y no sólo lo ha invitado sino que sus afiliados lo han aplaudido cuando han leído su nombre, y su secretario general ha defendido que esto es una lección para el resto de España, que debería aprender de la sociedad vasca.


El texto de esta semana en The Last Journo, sobre los tipos de democracia que hoy se pueden defender en España. No es hipérbole, es aritmética.

Vox y el escándalo

Todas las ideas tienen defensores que producen vergüenza, y todos los partidos tienen responsables que dan mala imagen. Es posible también que las ideas más extravagantes vayan necesariamente acompañadas de discursos extravagantes. Es decir, es posible que el discurso y la idea que se defiende compartan características.

Esto lo estamos viendo con el partido Vox. Desde aquel mitin en Vistalegre no ha dejado de ser objeto de crítica, en el fondo y en la forma. Es lo normal. Primero, porque todos los partidos deben ser objeto de crítica. Y segundo, porque hay elementos en las ideas y en el discurso de ese partido que tienen difícil defensa. Al fin y al cabo, es un partido que defiende cierto esencialismo nacional, y que defiende medidas de muy difícil aplicación. Han defendido incluso la expulsión de “extranjeros” por defender determinadas ideas políticas, por lo que no es extraño que sean objeto de crítica y que su entrada en el Parlamento andaluz haya producido escándalo.

Lo que sigue extrañando, aunque cada vez menos, es que el escándalo y las alertas generalizadas hayan despertado con un partido como Vox. Entiendo que la democracia ha de estar siempre vigilante, pero me resulta más difícil entender que esta vigilancia requiera exagerar lo que defiende un partido, sobre todo cuando lo que defiende ese partido es suficientemente criticable en sí mismo. De las críticas de Vox a la ley de violencia de género se ha pasado a decir que justifican las agresiones contra la mujer. De sus excesos retóricos como “dictadura de género” o “ley totalitaria” se ha pasado a un exceso aún mayor, el que afirma que ese partido es cómplice de los asesinos.

Decía que es extraño que el escándalo y la alerta hayan despertado con Vox porque aún recuerdo la reacción general cuando se conocieron algunos de los nombres que entraron en el Congreso en la última legislatura. Marian Beitialarrangoitia, por ejemplo. Que no sólo entró con EH Bildu, sino que pidió un aplauso para los asesinos de la T-4 cuando era alcaldesa de Hernani, en 2008.

También entró Antón Gómez-Reino, que en 2007 firmó un manifiesto en solidaridad con el etarra De Juana Chaos. Un manifiesto que se refería a De Juana Chaos como “preso político”, y que evitaba mencionar los 25 asesinatos por los que fue condenado. El propio Gómez-Reino se negó a condenar la historia de ETA diez años después cuando fue preguntado por ello, en una entrevista-perfil en El Mundo. “Me alegro profundamente de que ese escenario de violencia se haya acabado”. Gómez-Reino entró por En Marea/Podemos.

Dejamos el Congreso, vamos a la Diputación de Guipúzcoa. Desde 2011 hasta 2015 su presidente, el Diputado General, fue Martin Garitano. Garitano fue redactor jefe de Egin desde 1984 hasta 1998, y en el año 2012, cuando era Diputado General, defendió la amnistía para todos los miembros de ETA en una entrevista en RNE. La sociedad vasca no estará normalizada hasta que “las cárceles se vacíen”, afirmó.
Hace unos días volvió a pedir lo mismo, la excarcelación de todos los presos de ETA. Lo pidió en el diario Naiz, y lo pidió días antes de una multitudinaria manifestación, junto a “decenas de miles de personas”.

Dejamos Guipúzcoa, vamos a Bilbao. Unas 70.000 personas, concretamente. El sábado pasado. En una manifestación convocada por Sare, cuyo portavoz insiste también en la necesidad de vaciar las cárceles para instaurar la convivencia y terminar con el conflicto.
Unas 70.000 personas, y, entre esas personas, Podemos, UGT y CCOO.
Un partido que representa a cinco millones de personas y dos sindicatos que representan a casi dos millones de personas, en una manifestación que defiende que los presos de ETA son víctimas de un conflicto, y que ese conflicto sólo terminará cuando los presos de ETA salgan de la cárcel.

Es muy fácil escandalizarse con Vox. También es muy fácil, porque así es como funcionan nuestras alertas, confraternizar con una persona como Otegi, firmar un manifiesto en solidaridad con el asesino de 25 personas, pedir aplausos para los asesinos de la T-4 o participar en una manifestación como la del sábado.
Es algo más difícil entender cómo funciona la brújula moral de quienes muestran su enérgica indignación por la entrada de Vox  en las instituciones pero asisten con indiferencia a los abrazos, los manifiestos y las manifestaciones que ayudan a acercar aún más el relato de ETA.

La mayoría social

El sábado en Bilbao unas 70.000 personas participaron en la tradicional y un tanto enigmática “marcha por los presos”. Es enigmática porque “marcha por los presos” es un sintagma deliberadamente vacío. Habría que añadir algo a “por” y a “presos” para que alguien que acabase de despertar de un coma de 40 años pudiera entender en qué consiste realmente esa marcha.

La manifestación del sábado forma parte de la dinámica Orain Presoak (Ahora los presos), de la organización Sare.  En sus diferentes manifiestos, Sare habla de “presos vascos”, de “las personas presas, exiliadas y deportadas” e incluso de “presos políticos vascos”, y defiende que se respeten los derechos humanos de esos presos. Concretamente, pide el fin de la dispersión y la excarcelación de los presos gravemente enfermos. Esto sería el “por”.

Los presos a los que se refieren son los presos de la organización terrorista ETA. Lo sabemos porque no acabamos de despertar de un coma. Y, dejando a un lado las reveladoras construcciones que usa Sare para referirse a ellos, no habría nada malo en pedir el cumplimiento de la legalidad. Pero lo que realmente pide Sare no es eso. O no es únicamente eso. Sare, en sus diferentes comunicados y manifiestos, insiste en hablar de “la cuestión de los presos”, y en enmarcar esa cuestión en un conflicto que habría que resolver. En su manifiesto permanente, “Por los Derechos Humanos, la Resolución y la Paz”, afirman lo siguiente:

Resulta urgente, también, avanzar hacia la resolución completa del conflicto y de sus consecuencias. La continuada existencia de presos y presas, exiliadas y deportadas, que ven vulnerados sus derechos día a día, no contribuye a cerrar una etapa de dolor y enfrentamientos, y por el contrario nos aleja de un escenario en el que la convivencia sea un elemento esencial para los hombres y mujeres de nuestro país.

Un proceso de solución de las consecuencias de un conflicto como el vivido durante las últimas décadas, implica necesariamente, al igual que ha ocurrido en otros países, contemplar una salida para las personas que se encuentran presas, exiliadas y deportadas. Consideramos que los plazos tendrían que ser lo más rápidos posibles y respetando siempre la dignidad de todas las personas afectadas.
Para ello es necesario conjugar voluntad política con la aplicación de una legislación que sepa amoldarse a esta nueva situación, porque no sirven recetas viejas para tiempos nuevos.

Por eso la marcha anual de Sare se conoce como “la marcha por los presos”. Es por economía de lenguaje, pero también por economía moral. Porque los costes de pedir el cumplimiento de la legalidad no son los mismos que los costes de hablar de una salida para las personas presas, exiliadas y deportadas, y hay que entender que Sare busca, en palabras de su portavoz Joseba Azkarraga, “el apoyo de la mayoría de la sociedad”. Azkarraga usaba estas palabras en la última respuesta a una entrevista de 2017, en el diario Gara. En concreto decía lo siguiente: Hay que cambiar esa legislación y hay quienes esto lo plantean legítimamente desde la exigencia de la amnistía. Persiguiendo los mismos objetivos, que son vaciar las cárceles, creemos que hay que llegar hasta ahí con el apoyo de la mayoría de la sociedad, y en eso estamos.

El objetivo para el portavoz de Sare es vaciar las cárceles porque entiende que quienes están en la cárcel, los miembros de ETA, son víctimas de un conflicto, y no únicamente los perpetradores de crímenes de enorme gravedad. Es algo que volvió a decir el sábado pasado tras la manifestación, tal y como recogió naiz.eus: mientras las cárceles no se vacíen estaremos ante una resolución del conflicto inconclusa. Arnaldo Otegi, el líder de la coalición EH Bildu, en la que se integra Sortu, insistía en una idea parecida: la convivencia democrática exige que todos los presos políticos y deportados vuelvan a casa. Ese “a casa” es lo suficientemente ambiguo como para poder tranquilizar a los aliados más despistados, pero siempre hay alguien al que no se le dan bien las sutilezas. En este caso es Martin Garitano, que fue Diputado General de Guipúzcoa (Bildu) en la legislatura anterior, y que ahora escribe en Naiz. Garitano comenzaba así un texto que publicó el viernes en ese diario, un día antes de la manifestación, y que tituló “Nos vemos en la calle”: A buen seguro, este sábado decenas de miles de personas abarrotarán las calles de Baiona y Bilbo en demanda de la excarcelación de las presas y presos políticos vascos.

La marcha de enero por los presos es una tradición de más de diez años y siempre fue un acto de la izquierda abertzale, convocada por organizaciones como Etxerat o Herrira. Hay que tener esto en cuenta para entender la petición que Sare hizo días antes de la manifestación que se celebró en 2015. Pidió a quienes iban a participar que lo hiciesen en silencio. Una manifestación reivindicativa sin eslóganes ni pancartas, para que todos pudieran sentirse cómodos. Ocurre, sin embargo, que es complicado reivindicar en silencio, y a pesar del llamamiento en 2015 se escucharon las mismas reivindicaciones que se escuchaban todos los años y que se pudieron escuchar también el sábado pasado en Bilbao. Escuché varias veces el ambiguo “Euskal presoak, etxera” (Presos vascos, a casa), pero también “Presoak kalera, amnistia osoa” (presos a la calle, amnistía completa). Curiosamente, no escuché ninguna vez la palabra “sakabanaketa”, que significa dispersión, a pesar de que se decía que el objetivo de la manifestación era acabar con la misma.

Entender qué es lo que piden realmente esas 70.000 personas que se manifiestan cada año en Bilbao es importante, claro. No se trata del fin de la dispersión y de la excarcelación de los presos enfermos de ETA, sino de un relato en el que ésos serían los primeros pasos en la resolución de un conflicto que terminará “cuando se vacíen las cárceles”, cuando se cierre “una historia de violencias” que “comenzó allá por 1936”, como dijo Beatriz Talegón en el comunicado que se leyó al final de la marcha del año pasado. Entender esto es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es entender que este relato está dejando de ser algo exclusivo de la izquierda abertzale. Lo esencial es entender que, además de los partidos y sindicatos abertzales, y además de aliados tradicionales como Podemos, ERC y la CUP, este año la marcha contó con la participación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Así que es esencial entender qué es lo que lleva a los dos sindicatos a participar en esa manifestación, y sobre todo qué es lo que lleva a los casi dos millones de trabajadores a los que representan a guardar silencio. Es esencial porque lo que están pidiendo no es sólo la necesaria aplicación de la ley, sino la instauración de un relato en el que los miembros de ETA no serían criminales que deben cumplir su condena, sino daños colaterales de un conflicto que sólo terminará cuando vaciemos las cárceles.

—————————————————————————————————————Sare, por cierto, es la organización que hace unas semanas colocó en Pamplona una celda simulada con los siguientes objetivos:

– Socializar la conculcación de los DERECHOS HUMANOS de los presos
vascos de Nafarroa.
– Resaltar la necesidad de dar SOLUCIÓN AL CONFLICTO
-Advertir de la importancia que tiene la activación social en el intento de cerrar las heridas abiertas a consecuencia del conflicto y en la construcción de la PAZ.

«Los queremos en casa»

1

Los quieren en casa, literalmente.
Quieren en sus casas, en la calle, a gente como Txapote, Bienzobas y tantos otros. A los más de 300 miembros de ETA que cumplen condenas por haber participado en alguna de las actividades que cometió la banda terrorista.
A ellos se refieren cuando hablan de «presos vascos», del mismo modo que quieren decir «amnistía» cuando hablan de «derechos humanos».

Los organizadores de la manifestación que el sábado pasado recorrió Bilbao creen que todos ellos son víctimas de una guerra que se libró en el País Vasco desde, al menos, 1936. Por eso pretenden que queden en libertad. Porque no reconocen que todos ellos hayan cometido actos de terrorismo, sino que los consideran luchadores en una guerra que debe terminar ya.
Y para que termine definitivamente, para que pueda haber «paz en Euskal Herria», sería necesario que todos esos terroristas fueran excarcelados.

Eso es lo que persiguen los organizadores de la manifestación del sábado pasado. Y no hay que buscar en oscuros informes para darse cuenta de ello.

El 13 de enero de 2017, justo un año antes de que se celebrase la manifestación, Joseba Azkarraga y Xabin Juaristi lo dejaban muy claro en una entrevista en Gara:

Los derechos humanos son la clave de bóveda del trabajo de Sare, pero más allá de cambiar la política carcelaria hay expertos como Iñigo Iruin que insisten en el problema de fondo de la legislación de excepción. El camino es muy largo aún…

J.A: No nos desanima. Sabíamos que era un camino difícil. Iruin tiene razón; para empezar, con una legislación ordinaria la mitad de los presos estaría ya en la calle. Hay que cambiar esa legislación y hay quienes esto lo plantean legítimamente desde la exigencia de la amnistía. Persiguiendo los mismos objetivos, que son vaciar las cárceles, creemos que hay que llegar hasta ahí con el apoyo de la mayoría de la sociedad, y en eso estamos.

X.J: Yo procedo de la lucha por la amnistía y hace años que esta es una cuestión estrátegica, no conceptual. Estratégicamente la amnistía es la superación del conflicto que padece este pueblo, y en eso está Sare, en superar sus consecuencias. Junto a los derechos humanos, tenemos una hoja de ruta por la resolución y la paz. El lema de la marcha es claro: Derechos humanos, resolución, paz. Tendemos a pensar que son cosas que van seguidas, pero no, están unidas, las une el Estado al usar los derechos humanos contra la resolución. Cuanto más avancemos en la resolución, más lograremos también el respeto a los derechos de los presos.

No piden el acercamiento. Ni ellos ni quienes dieron su apoyo a la manifestación. Piden, en nombre de los derechos humanos, que los miserables que durante años hicieron del asesinato una práctica política puedan evadir sus condenas.

Es comprensible que algunos, que llevan menos tiempo en el estercolero, sientan la necesidad de engañarse o de engañar a los demás. Pero lo que defienden es justamente esto. Y hay que repetírselo cada vez que pretendan hacer pasar su miseria moral por otra cosa.

2

El sábado, la organización Sare publicó un listado con los bares que apoyaban la manifestación. Hablé con el dueño de uno de esos bares para saber en qué consistía el apoyo. Hubo resistencia al principio, porque reconocer que se está apoyando a una organización que pide la excarcelación de etarras es duro, salvo que formes parte del entorno. El dueño de ese local no forma parte del entorno. «Pero hay que vivir», dijo un par de veces.
Para poder seguir viviendo con tranquilidad, colocó una pegatina de Sare en el establecimiento. Y realizó «una aportación económica» al movimiento.

«Esto ha pasado siempre, es la mafia».

«Esto» es que aparece un tipo, conocido por todos los bares de la zona, con un sobre. En el sobre hay unas pegatinas. Una es de Sare, que el dueño coloca. Y la otra es de Sortu. «Este movimiento no está formado exclusivamente por la izquierda abertzale», repetían los días previos.
Ese mismo tipo, imagino, recogería otro sobre con la aportación económica. No entró en tantos detalles.

Pero ahí fue el dinero de ese local y el de otros 100 bares y cafeterías de Bilbao.
A quienes trabajan para que Txapote, Bienzobas y todos los asesinos de ETA que aún cumplen condena puedan salir de la cárcel cuanto antes.

Y los que lo saben seguirán entrando en esos bares, y los que tienen tribunas seguirán hablando de cualquier cosa menos de la cobardía que ha definido siempre a esta sociedad.