Ni todo era ETA ni todo es terrorismo.

 

El “Todo es ETA” siempre lo usaron quienes negaban que ETA fuera algo. Los simpatizantes, familiares o amigos de etarras concretos. O los tontos útiles.
Lo usaban como broma, y por tanto como instrumento político.

Quienes durante esos años abordaron la costosa tarea de plantar frente a los hechos y al relato de la izquierda abertzale no decían que todo fuera ETA. Decían, por ejemplo, que ETA contó con un brazo político. Los integrantes de ese brazo político, Batasuna, reconocieron en 2016 que eran parte de la banda terrorista. Antes, en 2012, el Tribunal Supremo desestimó los recursos contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2011 que condenaba a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez, que había sido secretario general del sindicato LAB, por integración en banda terrorista. Sí rebajó el grado de esa participación, y pasaron de ser considerados dirigentes a integrantes. En la misma sentencia se condenó también a Arkaitz Rodríguez, hoy secretario general de Sortu, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto, también integradas en Sortu.

Decir que Otegi o Rafa Díez “eran ETA” es una construcción un tanto extraña. Otegi y Rafa Díez fueron integrantes del brazo político de ETA, Batasuna. Organización que reconoció, a través de sus integrantes, ser efectivamente parte de ETA.

Otegi fue también integrante de ETA en su rama estrictamente terrorista, en los años 80. Fue condenado a seis años de cárcel por haber secuestrado al empresario Luis Abaitua.

No viene mal recordar que el Parlamento Vasco aprobó en octubre de 2013 una iniciativa que pedía al Gobierno la “inmediata liberación” de los condenados en el caso Bateragune porque sólo hacían política y sus intenciones eran buenas. Se aprobó con los votos de EH Bildu y PNV.
O que en 2014, en una entrevista en Euskadi Irratia, Idoia Mendia se preguntaba si mantener a Otegi en prisión iba “a ayudar en algo”, mostrando una pintoresca concepción de las sentencias judiciales. También decía que en su momento la sociedad “no entendió muy bien” el caso.

Seguimos.
Gonzalo Boye, abogado y colaborador en medios como eldiario.es y La Sexta, tampoco “era ETA”. Ni siquiera fue integrante de ETA. Fue condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Ésos son los hechos, y eso es lo que se puede decir. Lo que produzca el conocimiento de esos hechos depende de la factura moral de cada uno de nosotros.

Las herriko tabernas, los bares en los que se reunían los simpatizantes de la izquierda abertzale, no eran sólo bares en los que se enaltecía el terrorismo. Eran bares que servían para financiar las actividades de la organización terrorista ETA. Quien acudía a tomar unos vinos a alguno de los más de 100 locales que se recogían en la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2015 sabía qué se defendía en esos locales, y a lo mejor sabía también para qué servía el dinero que dejaba allí.
Así que las herriko tabernas sirvieron para financiar las actividades de una organización terrorista, y quienes las gestionaban eran integrantes de una organización terrorista. ETA.

¿Todo era ETA? Sólo quienes negaban que ETA fuera algo usaban esa expresión. Los demás decían que Batasuna era una rama de ETA, que Otegi fue parte de ETA, o que las herriko tabernas financiaban a ETA. Y quedó demostrado que tenían razón. Si algunos decían en tono de broma que “todo es ETA” era precisamente porque gente concreta era parte de ETA, y por alguna razón podía no estar muy bien visto haber formado parte de una organización terrorista. No pretendían rebatir la idea de que todo era ETA, porque ninguna persona seria la defendía.

De la misma manera, quienes hoy dicen en tono de broma que “todo es terrorismo” y que no hay que banalizar el terrorismo se dirigen a una idea que no existe. Lo dicen en referencia al caso de Alsasua y a “los raperos y tuiteros” condenados recientemente.
Nadie ha dicho que los raperos o tuiteros condenados sean terroristas. Y no han sido condenados por terrorismo. Han sido condenados por enaltecimiento del terrorismo. Se podrá discutir si la ley es adecuada. Lo que no se puede discutir es algo que nadie dice.
Tampoco los acusados de agredir y lesionar a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua son terroristas. Ni siquiera son culpables de las agresiones. Lo único que hay es una acusación que se tendrá que demostrar en un proceso judicial. Y será difícil demostrar no sólo que esos actos puedan ser considerados delitos terroristas, sino incluso que fueran los acusados quienes cometieron esos actos. Así es como funcionan y deben funcionar los procesos judiciales. Dentro, no fuera de las salas.

La presión de familiares, amigos y opinadores parte de otra idea que no existe, la de que esas personas han sido condenadas por terrorismo. No se puede pedir justicia para los acusados en el momento en el que está a punto de producirse precisamente eso. Y no se puede decir que fue sólo una pelea de bar, del mismo modo que no se puede decir que fue terrorismo.

Tampoco se puede decir que Otegi, Batasuna o las herriko tabernas no fueran parte de ETA, o que lo que hacían quienes dejaban cartas amenazantes contra ediles de partidos no nacionalistas o quienes quemaban autobuses no fuera un tipo de terrorismo. No se puede porque, para que tenga algún valor, lo que se dice debe coincidir con los hechos.
En el caso de Alsasua, aún no ha quedado probado cuáles fueron esos hechos. Cuando se produzca la sentencia, entonces sí, se podrá decir algo fundamentado.

Mientras tanto, como es de esperar, seguirán las bromas y los hombres de paja.

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Alsasua

Toca hablar de lo de Alsasua.

Lo de Alsasua” era el título de un artículo de Elisa Beni en el que la autora afirmaba que lo de Alsasua no es terrorismo.

Lo de Alsasua, en realidad, aún no se sabe qué fue. Judicialmente, al menos. Es decir, no se sabe qué fue.
No se sabe si fue terrorismo. Precisamente eso es, entre otras cosas, lo que tratará de aclarar la Audiencia Nacional. No se juzgará a los acusados partiendo de la premisa de que aquello fue, efectivamente, terrorismo. Los únicos que parecen conocer cuál debe ser la sentencia son los que defienden que lo de Alsasua fue una simple pelea de bar. O una trifulca. O una discusión con la autoridad. Para qué el juicio, entonces. Para qué, en general, todos los juicios contra “jóvenes vascos” -y navarros- cuyo único crimen sólo puede ser el hecho de que son vascos -o navarros.

No se parte de la premisa de que aquello fue terrorismo. Se parte de ciertos indicios que apuntan a que las agresiones, los insultos y las amenazas que supuestamente los acusados cometieron contra dos agentes de la Guardia Civil y contra sus parejas podrían ser parte de una campaña cuyo objetivo es atemorizar a los miembros de la Guardia Civil para que abandonen diversas localidades de Navarra y del País Vasco.
El juicio determinará cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron esos hechos y si los hechos constituyen o no delito de terrorismo.

Hasta que eso ocurra, podemos fijarnos en otros hechos.

Es un hecho que existe una campaña promovida por la izquierda abertzale para expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra.
Es un hecho que en algunos pueblos no hay una separación clara entre campañas políticas y fiestas.
Es un hecho que en esas campañas se fomenta el odio a la Guardia Civil. En una de esas campañas, por ejemplo, se recrea una escena -dibujos animados- en la que dos jóvenes destrozan un jeep de la Guardia Civil. “Adiós, perro, y no vuelvas a Euskal Herria” es lo que se puede escuchar en el primer vídeo.

Y es un hecho que en el País Vasco las campañas para expulsar a los “indeseables” cuentan con una gran tradición. La izquierda abertzale se encargaba de señalar a los indeseables, los “jóvenes” comprometidos se encargaban de acosar a quienes se quería expulsar, y los mayores, ETA, se encargaban, cuando podían, de materializar la expulsión definitiva. De asesinar, si usamos un lenguaje no normalizado. Los indeseables eran periodistas, concejales, policías, militares, vecinos que leían “periódicos españolistas”, profesores de universidad, jueces, guardias civiles. Las “expulsiones”, cuando era ETA quien las llevaba a cabo, salían en la prensa. José Luis López de Lacalle, Manuel Zamarreño, Eloy García Cambra, Pedro Antonio Blanco, José María Lidón, Francisco Tomás y Valiente o Avelino Palma Brioa, entre muchos otros.
Cuando se trataba de expulsiones no definitivas, es decir, cuando no era ETA sino sus cachorros quienes tomaban parte en esas campañas, los hechos no solían salir a la luz. En algunos casos esos jóvenes conseguían expulsar del pueblo a los objetivos de sus acciones, y en otros casos los acosados decidían hacer frente al acoso y permanecer en su casa y en su trabajo, con un enorme coste personal.

Éste es el contexto general de “lo de Alsasua”. Efectivamente, el caso sería distinto si se hubiera producido en Murcia, en Cangas de Onís, en Mérida o en Granada. Porque en Murcia, en Cangas de Onís, en Mérida o en Granada no hay campañas para expulsar a guardias civiles ni se aprovechan las fiestas para difundir mensajes de odio entre los jóvenes.

Hasta que no termine el juicio no podremos conocer cuáles fueron los hechos de “lo de Alsasua”.
Pero sería conveniente recordar algunos de los hechos que han formado parte del País Vasco y de Navarra desde hace muchísimos años. Al menos si queremos evitar hacer el ridículo al opinar de “lo de Alsasua”.