Democracia infinita, libertad absoluta

Casi todos los que nos interesamos por la política pasamos por una fase “absolutista”. El ideal político al que nos entregamos exige una defensa férrea de su pureza, o lo que es lo mismo, una negación suicida del principio de realidad. Todo lo que no pase el filtro es sencillamente inaceptable. Y si la alternativa a esta sociedad imperfecta no es real, tanto peor para lo real.

Ese filtro varía en función de las preferencias ideológicas. Si nos fijamos en lo que hasta hace poco se llamaba “liberalismo”, que ahora parece haberse fragmentado en cientos de adscripciones hiperdescriptivas, el filtro que marca la separación con la realidad es la libertad absoluta, entendida como ausencia de coacción. Esto significa que siempre, y en la medida de lo posible, son preferibles los acuerdos tomados de manera voluntaria entre todas las partes implicadas. Para quienes “en la medida de lo posible” es  sólo una vía al socialismo, no obstante, no hay nada que justifique la coacción. Ningún grado de coacción. Ni los ataques con drones a población civil, ni el policía de tráfico. Ni las subvenciones al cine minoritario, ni una cobertura sanitaria mínima. Todo aquello que tenga como base algún tipo de coacción es ilegítimo, y por lo tanto inaceptable. Y es inaceptable de manera absoluta, sin grados ni términos medios, sin transiciones y sin tener en cuenta las consecuencias o la viabilidad de esa sociedad pura e idealizada.

Al otro lado del espectro político, en las izquierdas, no hay un filtro único. Además de la libertad, a la que no se confiere tanta importancia, también se consideran fundamentales cuestiones como la igualdad absoluta -que se puede entender de cientos de maneras- y algo que últimamente está viviendo tiempos gloriosos: el democratismo, o los procesos democráticos entendidos como fuente única y necesaria del Bien. Democracia en todo y para todo, continuamente. Y si no hay democracia, no vale. Un principio que, tomado de manera absoluta, al igual que ocurre con la ausencia de coacción, lleva a situaciones absurdas. Hoy lo vemos en dos casos, uno general y otro particular. Empezando por este último, hay que hablar de nuevo de Podemos. El partido que se presentó como regenerador de la democracia y que prometió listas abiertas y asamblearismo como parte de esa regeneración, inicia su proceso de institucionalización mediante el único mecanismo que no conduce al suicidio político: lista cerrada y proceso sólo formalmente democrático. Cualquier otra opción significaría perderse en un interminable proceso infinitamente autorreferencial. ¿Quién y cómo decide qué hay que votar? ¿Cómo se desarrollará la votación? ¿Cómo se desarrollará la votación para decidir cómo se desarrolla la votación?

Algo similar, a nivel general, se está desarrollando desde hace tiempo en torno al modelo de Estado. “¿Por qué monarquía, si muchos de nosotros no estábamos ahí para firmar la Constitución de 1978?” La forma de Estado, al parecer, es uno de los principales problemas de España. Da lo mismo que sea uno de los aspectos que no deberían estar sujetos a cambios constantes. “Esto es una democracia, y en democracia se vota todo.” Da lo mismo que existan unos mecanismos necesariamente rígidos para cambios de tanto calado, y que esos cambios deban pasar por el Congreso. Y da lo mismo que el criterio de votar todo cada cierto tiempo, incluido lo básico, conduzca a la inoperancia y, lo que es peor, al ridículo. Decir que hay gente que no votó en el ’78 tiene sentido, claro. Pero también tiene sentido convocar un referéndum cada cinco años, por aquello de que algunos pueden haber cambiado de opinión, y porque los que tenían 13 años no quieren cargar con las “opresoras cadenas de un régimen que no han elegido.” Para evitar estas situaciones, se podría convocar un referéndum para determinar cada cuánto habría que votar la forma de Estado. Cinco años, diez, veinte, lo que sea. Claro que algunos podrían cuestionar que los resultados de ese referéndum fueran inamovibles. El referéndum para regular la convocatoria de referendos sería otra opresora cadena que no debería obligar a quienes no participaron en el proceso. ¿Cada cuánto tiempo votamos para decidir cada cuánto hay que votar cada cuánto votamos? Y así hasta el infinito.

A algunos nos parece desastroso este fundamentalismo democrático. Pero también hemos de considerar las consecuencias de las exigencias innegociables de libertad absoluta propias de un liberalismo autodestructivamente purista. Es posible que todo aquello que proceda de la coacción sea ilegítimo, y que, si nos ponemos a bucear en la historia, todo proceda de algunas coacciones primitivas. La concentración de riqueza, la organización social, las instituciones. Pues bien, a esto habría que responder: “¿Y qué?” No un “¿Y qué?” absoluto, pero sí uno que permita que sigamos funcionando como sociedad y que nos ocupemos de las coacciones, las injusticias y las desigualdades realmente importantes.